NOVEDADES DE LA LEY 1/2015 POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL (Parte 1)

La reforma del Código Penal ya está en vigor desde el pasado 1 de Julio; la nueva Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica el Código Penal de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre trae importantes cambios legislativos, que tratan de cubrir algunos vacíos legales existentes y un endurecimiento de las penas en algunos delitos, además de cambiar la terminología jurídica en algunos aspectos. Esta reforma supone tanto para profesionales del derecho, como para todos y cada uno de los ciudadanos un vacío jurídico temporal, ya que nadie sabe de manera directa como puede afectar la a la interpretación por parte de los Tribunales y demás profesionales los nuevos cambios por parte del legislador, lo que provoca una inseguridad jurídica, que esperemos sea temporal.

Todo esto supone un caos interpretativo por su falta de coherencia, ambigüedad en numerosos preceptos, empezando por el más elemental como es el principio de legalidad. Como ha venido sucediendo históricamente, el legislador ha ignorado la realidad social y se ha centrado en la extravagancia que caracteriza utilizar la potestad legislativa para hacer campaña, cosa que afecta a todos los ciudadanos en sus relaciones jurídicas y afecta al Estado en su difícil tarea de garantizar los derechos y garantías fundamentales que consagran nuestra Carta Magna.

Por otro lado parece que el legislador ha tratado de sustituir el principio de intervención mínima del Derecho Penal por el de intervención máxima; el legislador no puede ignorar la realidad social del momento y centrarse en hacer un código penal  desde una perspectiva o procedimiento meramente académico o doctrinal, no se ha realizado una reflexión de la realidad penal en España. El único objetivo de la reforma es poner un parche a los errores pasados como la imposición de las tasas en el ámbito civil con Gallardón, una chapuza para tratar de solucionar el colapso absoluto de los juzgados españoles, que lo que necesitan son más medios y recursos, no se pueden poner parches, o permitir el capricho del legislador con gran ambición política que lo único que hace es perjudicar el correcto funcionamiento de Tribunales y órganos.

La realidad de los juzgados es que el ámbito civil, penal y contencioso están colapsados, y esta reforma supone menospreciar al ciudadano de a pie. En primer lugar debemos plantearnos la siguiente cuestión; ¿Qué necesidad había de semejantes cambios legislativos?, es cierto que la sociedades y el mundo en general están en continuo cambio, y el Derecho como no podía ser de otra manera debe adaptarse a las nuevas realidades, pero esta reforma ignora la realidad social. El legislador ha intentado legislar hasta el último extremo, llegando incluso a decir a los ciudadanos como deben comportarse o a las empresas como deben tener su organización interna, por tanto tenemos una transferencia de aspectos meramente civiles o mercantiles a la órbita del Código Penal. La lucha contra uno de los males de este país, que es la corrupción política, sigue sin ser debidamente un objetivo primordial para el legislador, ya que tras la tipificación anterior a esta reforma peca de excesiva indeterminación, la administración desleal respecto a los fondos privados, se parece a la de los fondos públicos, pero obviamente no son lo mismo, ni deben ser tratados por igual en nuestro Código Penal. En especial centrarse en los vaivenes del principio de legalidad que suponen estas reformas de andar por casa, el ciudadano no puede vivir en un permanente peligro ante la amenaza del Estado; ya lo advirtió el ilustre Cesare de Beccaria en su obra “De los delitos y las penas” (1764) contrario a los abusos del Estado, contrario a la pena de muerte y firme defensor del principio de legalidad y de la reinserción social, elementos indispensables que esta reforma no ha tenido en cuenta.

Esta reforma supone un paso atrás y es más digna del Antiguo Régimen que del S.XXI.

Pese a todo esto merece mención uno de los pocos aspectos positivos de la reforma, en torno a los delitos de administración desleal y apropiación indebida, el legislador ha conseguido codificar o cristalizar en la ley la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Otras de las novedades más importantes de la reforma son la prisión permanente revisable, una nueva redacción de delito de asesinato o la derogación de las faltas y su paso parcial a delitos leves. Por otro lado, cabe denunciar que una reforma de estas proporciones provoca una carencia legal que afecta a los profesionales de los juzgados, no se han impartido cursos de formación o actualización lo que probablemente ya esté afectando a los ciudadanos en los juzgados de guardia de toda España (están en juego derechos fundamentales de los ciudadanos regulados en el Título Primero de nuestra Carta Magna bajo el epígrafe derechos y libertades), parece mentira que el legislador se haya dado tanta prisa en que entrase en vigor el nuevo código penal sin tener a los órganos jurisdiccionales preparados para ellos, ¿Qué va a ser de nuestra justicia si al personal que tramita la gestión procesal, administrativa o cualquier otra no se le facilita información o explicaciones de semejante reforma? No se ha dictado ningún protocolo de actuación para su implantación; Dios aguarde a los funcionarios de la Administración de Justicia puedan solventar en el menor tiempo posible tal chapuza de absoluta desinformación y falta de formación por parte de quienes han de aplicar la propia justicia.

Desde nuestra posición queremos hacer un llamamiento a los ciudadanos para que denuncien y que exijan una tutela judicial efectiva y de calidad ante cualquier disfunción por parte de la Administración de Justicia. Por otro lado lamentamos enormemente que los legisladores, sin entrar en el fondo de la Ley, aprueben leyes sin que quede garantizada su aplicación, ya que no se han garantizado los medios técnicos, personales, materiales e informáticos necesarios para llevar una correcta Administración de Justicia, ya que es contrario al propio sentido común además de una falta de respeto a la inteligencia de los profesionales.

Ya en el proyecto legislativo de reforma del Código Penal, aprobado en el pleno del Congreso de los Diputados, con la mayoría absoluta del PP y el apoyo de UPN con 186 votos a favor, la abstención de Foro Asturias y el rechazo del resto de grupos parlamentarios, fue aprobado para su remisión al Senado, prescindiendo de una comisión de codificación que en sus estatutos, únicamente se establece que son permanentes las comisiones de codificación en las secciones de Derecho Civil y Mercantil; lo que ha impedido que la nueva reforma realizada por la administración haya sido objeto de estudio por los miembros de una comisión de codificación penal formada por 6 juristas y magistrados con amplia experiencia y reconocido prestigio en el desempeño de la función o jurisdicción penal.

En primer lugar, la reforma se aprecia desde el primer artículo en el que se establece el principio de legalidad penal, con la eliminación de las faltas que ya no están previstas en la ley, lo que en principio favorece a uno de los principios limitadores de la función del derecho penal como es el principio de intervención mínima que debe servir de guía para cualquier legislador en materia penal, ya que estos deben reservar el Derecho Penal para los casos extraordinariamente graves, reduciendo así la propia capacidad punitiva del Estado y estableciendo mayores garantías sobre los bienes jurídicos individuales más importantes.

No hay que malinterpretar la supresión de las faltas como una eliminación de los pequeños conflictos en los juzgados, ya que únicamente se mantendrán las que son merecedoras de reproche penal, que pasarían a denominarse “delitos leves”, que principalmente pasarían a castigarse con penas de multa, lo que reduciría la sobrecarga de los juzgados y los centraría más en los delitos más graves, lo que no significa que no vaya a producirse una respuesta o intervención por parte de la jurisdicción en los pequeños conflictos, ya que en muchos casos se derivarán a otros ordenes como el administrativo sancionador  o el civil, que ofrecen unas respuestas más eficaces.

Los comportamientos que pasan de ser “delitos leves” son principalmente los que se van a castigar con multas de duración en meses (como por ejemplo, delito de lesiones de escasa gravedad, homicidio imprudente menos grave, amenazas leves, coacciones leves, hurtos menores, pequeños fraudes, siempre que no estén dirigidas a personas o víctimas vulnerables o dependientes, ya que ello constituiría un agravante por alevosía). Por el momento para el enjuiciamiento de estos delitos leves se seguirá aplicando la regulación de los juicios de faltas que establece la LECriminal (artículos 962 a 977 Ley Enjuiciamiento Criminal) y resultarán competentes para ello los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Con las nuevas disposiciones, que probablemente serán adaptados al nuevo código en el futuro cercano. Una diferencia clave entre lo que antes se denominaba falta y ahora como delito leve, es que las condenas derivadas de juicios de faltas no generaban antecedentes penales, cosa que sí sucederá a partir de ahora, ya que las condenas derivadas de delitos leves, sí pasarán a formar parte del Registro de antecedentes penales; no obstante no se computarán en términos de reincidencia, además de los antecedentes que debieran estar cancelados como venía siendo (Artículo 22.8 CP).

Cabe destacar el nuevo régimen de los delitos contra la Propiedad intelectual  que han tenido una extensa ampliación, especialmente los Artículos 270 y 271 CP; se endurecen las penas aumentando el máximo de privación de libertad de 2 años hasta los 4, además a las conductas que ya estaban tipificadas en el Artículo 270.1 (quien reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente una obra sin autorización) se hace especial mención sobre cualquier medio de explotación económica total o parcial de las obras , sacando beneficio económico directo o indirecto (mediante publicidad o webs de enlaces), todo esto conlleva un aumento del radio de acción de la justicia frente a estos vacíos legales que han venido causando grandes pérdidas a diferentes sectores. También se criminaliza la conducta de aquellos que facilitan el acceso en internet de contenidos protegidos sin autorización de los titulares legítimos correspondientes, facultando a los tribunales al bloqueo de los accesos web que correspondan.

También se persigue a los piratas informáticos que facilitan medios tecnológicos para burlar sistemas de seguridad informáticos de protección de contenido, así como a los que los fabriquen; se amplía claramente lo que antes sólo castigaba a los que con ánimo de lucro se beneficiaban de un beneficio económico directo, ahora se amplía al indirecto, lo que desemboca en que siempre que haya un beneficio económico estamos frente a un delito.

Por otro lado, a la venta ambulante, o a la denominada piratería del “top manta” se modula su régimen de responsabilidad, permitiendo que el Juez reduzca la pena en casos de escasa importancia atendiendo a las circunstancias del caso. Al igual que en los casos contra la Propiedad Intelectual, persigue que el Juez pueda adecuar la respuesta penal a la valoración de la gravedad de la infracción cometida. Lo que permite dejar un margen discrecional al juzgador para poder adaptar la pena al caso concreto. No obstante se incrementan todas las penas que los delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial llevan aparejadas en cada una de sus modalidades, al igual que ocurría en los delitos contra la Propiedad Intelectual.

Se añade el Artículo 127 bis, que constituye una nueva regulación del decomiso, adaptándola a la Directiva europea sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia (una innumerable lista de delitos, principalmente las organizaciones criminales); se han centrado en su aplicación extensible a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial (como el decomiso de ordenadores…). Además se regula un procedimiento autónomo en el que puede acudir el fiscal si eso facilita un enjuiciamiento más rápido de las responsabilidades penales; cuando se perciba la existencia de bienes que deberían ser decomisados después de que los hechos hayan sido enjuiciados, o en supuestos de comiso sin condena. Junto con esto se crea una oficina de gestión de activos, que realizará una gestión eficaz para la conservación y utilización de los bienes intervenidos.

En lo referente a la violencia de género , se incluye un nuevo delito para aumentar la protección de la mujer (Artículo 172 bis), con el que se castigará la violencia o intimidación para obligar a contraer matrimonio y la violencia, intimidación o engaño para forzar a abandonar el territorio nacional o no regresar con ese mismo fin. Además se castigará los actos persistentes de acecho, acoso u hostigamiento mediante llamadas telefónicas persistentes, seguimientos, o cualquier forma que pueda coartar la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, debido a la problemática que existe en ciertos casos en los que estos sucesos no pueden ser tipificados como delito de coacciones o de amenazas, ya que en ellos no se produce violencia.

Otro cambio importante, es el de la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, siempre y cuando afecten gravemente a su intimidad, práctica frecuente entre menores de edad y jóvenes (recordemos que hasta ahora la ley no preveía pena alguna cuando era ella misma quien se los facilitaba a la persona que posteriormente difundía las imágenes o grabaciones) ahora penado con hasta un año de prisión.

La inutilización de dispositivos electrónicos de localización usados para controlar el cumplimiento de las penas  (bastante relevante en la lucha contra la violencia de género),  se incorpora al CP como delito.

En los delitos de carácter sexual no se puede aplicar el delito continuado, se impone una pena por cada uno de los cometidos. En otros casos se limita la aplicación del delito continuado a hechos o conductas delictivas cercanas en el tiempo. La reiteración se trata de evitar, agravando la pena por uno o varios delitos semejantes, se impondrá una pena superior a la que habría correspondido a la infracción más grave cometida, pero inferior a la suma de todas ellas.

Por otro lado se aumenta la protección a los menores que son agredidos sexualmente. En el capítulo II bis (Artículo 183), se aumenta la edad de 13 a 16 años, sobre los que realicen actos que atenten contra la indemnidad sexual del menor de 16 años, con la pena de prisión de 2 a 6 años como responsable de abuso sexual. Cualquier acto de carácter sexual con menores de 16 años será considerado un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones sexuales consentidas entre personas de similar grado de madurez y desarrollo, que en ningún caso serán penalizadas. Será delito hacer presenciar a un menor de 16 años relaciones de terceros, o abusos sobre terceros. También será un delito contactar con menores mediante medios tecnológicos para embaucar a menores y conseguir imágenes o grabaciones pornográficas (actividad en auge).

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