LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE (Parte 2)

En primer lugar decir que estamos frente a una clara cadena perpetua encubierta bajo una imagen de pena revisable; en países como Argentina la pena máxima son 25 años, ahora en España acabamos de traspasar una línea muy peligrosa, ya que dejar a un comité de expertos, o a la opinión del Tribunal, elegir si una persona debe de pasar la mayor parte de su vida privado de su libertad, un simple error judicial puede quitar años de libertad, ¿se puede permitir a unos “supuestos expertos” el poder de decidir sobre la libertad de los condenados?. El sistema penal español acaba de dar un giro de 180 grados, ahora es un sistema penal digno de un estado policial, una dictadura o de digno de los mismísimos Estados Unidos de América. No creo que se deba dar tal poder de decidir sobre la libertad de los condenados a individuos que no sabemos a qué intereses se deben o bajo qué criterios van a realizar su tarea. Debemos estar vigilantes a sus actuaciones.

En el artículo 35, se añade como pena privativa de libertad la prisión permanente revisable, se trata de una pena que será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 (requisitos en los que el Tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable);

Los requisitos son que el penado haya cumplido 25 años de condena, que esté en tercer grado, un pronóstico favorable de reinserción previa valoraciones  e informes del centro penitenciario, especialistas que determine el tribunal, valoración en conjunto de los delitos cometidos y sus circunstancias; el procedimiento sería oral y contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su abogado; Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, será además necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.

“La suspensión de la ejecución tendrá una duración de cinco a diez años. El plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado”

El juez o tribunal, a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al artículo 83, y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la modificación de las que ya hubieran sido acordadas, o el alzamiento de las mismas.

Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada.

Extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra a) del apartado 1 de este artículo o, en su caso, en el artículo 78 bis, el tribunal deberá verificar, al menos cada dos años, el cumplimiento del resto de requisitos de la libertad condicional. El tribunal resolverá también las peticiones de concesión de la libertad condicional del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido rechazada una petición, no se dará curso a sus nuevas solicitudes.

En definitiva, con la prisión permanente revisable se pretende proporcionar una solución penal adecuada a ciertos crímenes que causan una gran condena y repudia social. Se aplicará especialmente en los homicidios terroristas, asesinatos graves, los cometidos contra el rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, además de los casos de genocidio o crímenes de lesa humanidad con homicidio o con agresión sexual. Los Tribunales impondrán este tipo e pena en algunos tipos de asesinatos agravados cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable; cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual o en los múltiples y en los cometidos por miembro de una organización criminal.

La prisión permanente revisable trae consigo un cumplimiento íntegro de la privación de libertad durante un tiempo que se ha establecido en una franja de entre 25 y 35 años, franja que va en función de si se trata de condenas por uno o varios delitos o de delitos terroristas. Exclusivamente después de ese periodo se aplicará el sistema de revisión que permitiría la puesta en libertad del condenado si cumple una serie de requisitos (Artículo 92 arriba citado). Básicamente esta petición de revisión de la condena se podrá realizar a petición del reo una vez al año, pero también se hará de oficio por un tribunal colegiado, al menos cada dos años.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado su aplicación en diferentes sentencias tras su aplicación en los países de nuestro entorno, ha determinado que la mera posibilidad de revisión de la condena satisface el Artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos (Derecho a la libertad y a la seguridad).

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