LA PRIMACÍA DEL DERECHO DE LA UNIÓN SOBRE EL DERECHO INTERNO DE LOS ESTADOS

En días como hoy,  en la mayor crisis económica de la historia, se tambalean los cimientos de la Unión Europea, no sólo en el ámbito económico, sino también en el del derecho comunitario; recientemente, estamos viendo como países como Grecia se atreven a retar a sus acreedores, que principalmente son el resto de países de la UE, con políticas de aislamiento frente al resto de socios europeos, poniendo el gobierno griego, a su pueblo, en graves dificultades tanto económicas como en seguridad jurídica, en estos momentos el gobierno griego está liderado por el Partido de izquierda radical Syriza, partido afín al ideario Podemos en España como bien han demostrado públicamente acudiendo a actos, dando mítines y ruedas de prensa juntos, además de entrar con fuerza en las instituciones de la Unión en las últimas elecciones europeas, principalmente en el Parlamento Europeo, donde hacen una fuerte oposición a las políticas de integración comunitarias. En un mundo en constante globalización, con una economía global, estas políticas autárquicas y de aislamiento lo único que pueden hacer es llevar a Grecia a lo que estamos viendo hoy día, al corralito, en el que los ciudadanos Griegos hacen cola en los cajeros y no pueden sacar más de 60€ diarios y eso si con suerte les quedan billetes, lo que conlleva la paralización económica de un país que a pesar de que su tamaño no supera el 2% del PIB comunitario, tiene una deuda colosal para su tamaño, ya que es superior al 175% de su PIB; Grecia es un país que lleva gastando más de lo que ingresa desde 1985 y así lo muestran los gráficos; un país en el que se realizará una quita obligada a los acreedores, que de buena fe que prestaron su dinero al país heleno, entre ellos España; somos uno de los países que ha venido prestando dinero a Grecia desde el año 2010 en tiempo de José Luis Rodríguez Zapatero, unos 26.000 Millones de € en garantías para ser más exactos. Lo que implicaría que si no se hubiera prestado ese dinero, la hucha de las pensiones sería mayor, e incluso se podrían haber subido un 38% las pensiones y las ayudas al desempleo un 50%, por no hablar de que podríamos haber utilizado ese dinero para rescatar a Bankia o simplemente para que los españoles no hubieran tenido que soportar tantos esfuerzos. Como no podía ser de otro modo, la solidaridad europea se ha cumplido a rajatabla, lo que no es aceptable, es el chantaje que está realizando el ejecutivo Heleno, ejecutivo que se niega a reducir su gasto público y político; chantaje dirigido tanto al Banco Central Europeo, al FMI y como al resto de socios comunitarios. En días de incertidumbre jurídica como hoy conviene recordar la primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho interno.

Los Estados miembros han aceptado al día de hoy la primacía del Derecho de la Unión sobre la ley interna, lo que se traduce en la obligación por parte del juez nacional, según puso de manifiesto el Tribunal de Justicia en el asunto Simmenthal (1978), de inaplicarla al caso concreto por su propia autoridad, es decir, sin esperar a su previa depuración por el legislador o la jurisdicción constitucional, no sucede lo mismo con el propio texto constitucional, cuyo valor de norma suprema sigue siendo defendido por algunos de los más Altos Tribunales nacionales.

Y es que una cosa es sostener que el parámetro de validez del Derecho europeo derivado deba ser el propio ordenamiento jurídico europeo (y no los ordenamientos jurídicos nacionales), con los tratados en la cúspide, y otra muy distinta (y sobre la cual, reitero, mantienen sus reservas las más altas jurisdicciones internas) que éstos se impongan frente a su razón de ser, que no es otra que la cesión de soberanía operada por los Estados miembros al amparo de sus respectivas Constituciones.

Ello exige, una aproximación de los supremos intérpretes, cada cual en su propio terreno (es decir, el Tribunal de Justicia de la UE respecto de los Tratados y el correspondiente Tribunal Constitucional o Supremo respecto de su respectiva Constitución Nacional), en términos no aislados sino “integradores”, que ha de traducirse en la búsqueda de interpretaciones pro Constitucionales nacionales de los Tratados de la Unión de las Constituciones nacionales por los Tribunales Constitucionales y/o Supremos de los Estados miembros.

Por lo demás, conviene advertir que los Tribunales Constitucionales o Supremos de los Estados miembros suelen recurrir a las cláusulas constitucionales de habilitación en favor de la Unión para amparar la intervención de los jueces nacionales a los efectos de hacer efectiva la primacía del Derecho europeo sobre el Derecho interno. Y como no podía ser de otra manera, ya que son estos la herramienta por la cual se aplica el Derecho de la Unión en los propios Estados, no existen mecanismo en la práctica, para obligar a un país a cumplir con el derecho de la unión, hay numerosos ejemplos (como el incumplimiento de Reino Unido de numerosas sentencias del Tribunal de Estrasburgo).

Por lo que respecta a las Normas nacionales infraconstitucionales, la primacía es un principio, como señalaba, actualmente bien asentado en los Estados miembros, que impone, en caso de contradicción, el desplazamiento de la ley (o norma inferior) interna en favor del Derecho de la Unión, operado en última instancia por el juez nacional (lo mismo ocurre en el ejecutivo, con mucha mayor frecuencia y poder). Tal aproximación metodológica, presidida por la búsqueda de un fundamento interno que acompañe al europeo, no hace sino poner de relieve la dualidad constitucional de la unión europea, que exige respuestas al más alto nivel constitucional en ambos escalones, nacional y de la Unión.

Desde un punto de vista estructural, el Derecho de la Unión se presenta como un ordenamiento jurídico autónomo en el sentido de que, dotada de personalidad jurídica, la Unión cuenta con sus Instituciones con poderes normativos y ejecutivos propios, que se desenvuelven conforme a reglas igualmente propias, procedimentales y sustantivas, todo ello bajo el control último de su también propio sistema jurisdiccional.

Al mismo tiempo, no obstante, tal aproximación al ordenamiento jurídico europeo, en cuanto sistema autónomo, debe completarse con la visión de la Unión en cuanto sistema de integración; desde dicha perspectiva estructural, el sistema europeo requiere, el complemento de los Estados miembros (como no podría ser de otra manera dentro de un contexto de integración supranacional), intensamente asociados a dicho sistema en el estadio de su aplicación material, dado que las administraciones nacionales actúan, generalmente, como brazo ejecutor, bajo el control último de los tribunales nacionales en estrecha cooperación con el Tribunal de Justicia a través de la cuestión prejudicial. La intervención de los Estados está presidida por el principio de autonomía, en el sentido de que, en ausencia o insuficiencia del Derecho de la Unión en relación con las reglas que deban presidir su referida aplicación en el ámbito interno, son los propios Derechos nacionales los encargados de fijarlas. Tal principio de autonomía de los Estados miembros ha de entenderse, no obstante, mediatizado por los principios de equivalencia y de efectividad, elaborados a golpe de sentencia por el Tribunal de Justicia con fundamento, a su vez, en el principio de cooperación leal.

Dicho esto, veamos a que posibles consecuencias se puede enfrentar Grecia en términos de responsabilidad por infracción del Derecho de la Unión:

El principio de responsabilidad de los Estados miembros por infracción del Derecho europeo, en concreto por los daños y perjuicios que dicha infracción pudiera ocasionar a los particulares (en el caso concreto de Grecia a sus propios ciudadanos), este principio fue proclamado por primera vez en el asunto Francovich (1991). Trato en especial sobre el incumplimiento de la obligación de ejecutar directamente las directivas ( en derecho europeo existen reglamentos y directivas, los primeros deben ser aplicados por los estados de forma directa, los segundos necesitan leyes de transposición internas), el Tribunal de Justicia sentó las bases del régimen claramente objetivo, presidido por la mera infracción lesiva de los derechos de los particulares mediando nexo causal entre la infracción y el perjuicio.

Considerando el principio como inherente del Tratado que derivaría a su vez de otros dos principios, el de la plena eficacia o efectividad del Derecho comunitario (incluida la plena protección de los derechos conferidos a los individuos) y el de cooperación leal de los Estados miembros para la comunidad (Artículo 4.3 del Tratado de Funcionamiento de la UE), el Tribunal estimó oportuno reforzar su fundamento destacando su naturaleza de expresión del principio general conocido en los ordenamientos  jurídicos de los Estados miembros , conforme al cual una acción u omisión ilegal produce la obligación de reparar el perjuicio causado, obligación ésta que alcanzaría a las autoridades públicas por los daños causados en el ejercicio de sus funciones. En varias ocasiones el Tribunal de Justicia de la UE ha declarado que una violación del Derecho comunitario es manifiestamente caracterizada cuando ha perdurado a pesar de haberse dictado una sentencia en la que se declara la existencia del incumplimiento reprochado, de una sentencia prejudicial o de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en la materia, de las que resulte el carácter de infracción del comportamiento controvertido; ello en el bien entendido de que no se puede supeditar la reparación del daño a la exigencia de que el Tribunal de Justicia haya declarado previamente la existencia de un incumplimiento del Derecho comunitario imputable al Estado, dado que la declaración de incumplimiento es un elemento determinante, pero no indispensable para comprobar que se cumple el requisito de que la violación del Derecho comunitario esté suficientemente caracterizada.

En definitiva, existe una obligación de reparar los daños y perjuicios por infracción del Derecho europeo (como el lucro cesante en la actividad mercantil), esta obligación se cumple cuando se dan  tres requisitos:

1-La norma Jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares

2-La violación sea suficientemente caracterizada (Cuando se pueda demostrar el Dolo o la intención)

3-Que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las víctimas  (Siempre y cuando no haya negligencia).

Aunque corresponde en principio a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar si se cumplen los requisitos para el nacimiento de la responsabilidad del Estado miembro por violación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia, puede no obstante precisar determinadas circunstancias susceptibles de ser tenidas en cuenta por los órganos jurisdiccionales nacionales al efectuar su apreciación en el marco de las cuestiones prejudiciales al respecto planteadas por los jueces y tribunales de los Estados miembros.

Además de las responsabilidades dentro de la unión, los dirigentes pueden verse obligados por sus propias declaraciones, recordemos que en el derecho internacional, las declaraciones de los líderes de gobierno o ministros de asuntos exteriores, siempre que fueran de carácter persistente, pueden vincular al  Estado al asumir un compromiso internacional.

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