JURISDICCIÓN, LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Si se contempla la Legislación y la Administración del modo debido, en conjunto, como funciones jurídicas, la distinción, lejos de presentar grandes dificultades, resulta sencilla. Es propio de la Legislación o Poder legislativo la creación de normas jurídicas positivas, de mandatos jurídicos ordinariamente de carácter general. A la Administración corresponde, en cambio proveer el bienestar común, de múltiples formas. La Jurisdicción, existe para tutelar y realizar el Derecho Objetivo. Se asigna a las antedichas funciones su contenido típico, como crear normas, proveer al bienestar común, tutelar y realizar el Derecho. No se ignora que, expresado un contenido funcional o una finalidad como típicos, esa función o Poder que no la tiene asignada como propia, específica y típica. Parece claro, por ejemplo, que tanto  Legislación como Jurisdicción influyen grandemente en el bienestar general. Pero no por ello estarían bien definidas y perfiladas si se les atribuyese, en cuanto funciones o Poderes, la específica finalidad de fomentar el bienestar, que es solo un efecto indirecto o mediato de su cometido específico. Igualmente, resulta innegable que la Administración crea normas jurídicas, pero no quedaría expresado de modo exacto el contenido típico y propio de esa función si se le atribuyese dicha creación jurídica.

Cabe decir que la Administración también tutela el ordenamiento jurídico y realiza el Derecho objetivo. Y así es, pero no es ése su fin esencial. La Administración tutela y realiza el Derecho, haciendo cumplir unas normas o sancionando su incumplimiento, en cuanto ese Derecho, esas normas, se refieren a la actividad administrativa misma. En cambio, la Jurisdicción tutela o realiza el Derecho porque ésa es cabalmente su misión, y hace observar normas jurídicas o sanciona su infracción siendo esas actividades normas reguladoras o referentes, en último extremo a conductas ajenas. La actividad jurisdiccional guarda siempre una última relación a algo ajeno. Podríamos calificarlo como “desinterés objetivo”, característico del quehacer jurisdiccional.

Podría decirse que la Jurisdicción no siempre aplica normas que regulan conductas ajenas. Cabe señalar que la Administración resuelve conflictos intersubjetivos en ciertas materias, mostrándose, en apariencia, objetivamente desinteresada. Mas la realidad de estas observaciones no resta valor a las distinciones establecidas, porque cuando la jurisdicción aplica normas que regulan su propia conducta, lo hace siempre en la función de un derecho o interés ajeno o del interés público de tutelar el ordenamiento jurídico. De otra parte, la Administración resuelve conflictos intersubjetivos en ciertas materias en las que su acción en esas materias contribuye al bienestar general, al bien común.

La Administración realiza el Derecho y aplica la Ley para llevar a cabo sus propias actividades y, en ocasiones, también para enjuiciar conductas ajenas. En estos casos, ese enjuiciamiento se le encomienda por pertenecer al ámbito de sus atribuciones la materia que ha de enjuiciar. Además, esos enjuiciamientos nunca son los últimos, siendo este dato importante, pues, a veces, la Jurisdicción viene a diferenciarse de la Administración por ser aquélla la última instancia del ius dicere (Entendido como el derecho de los jueces a la administración de justicia).

La Jurisdicción, en cambio aplica y realiza el Derecho porque le está encomendada esa aplicación o realización, siendo siempre ajena al órgano jurisdiccional la materia sobre la que, a la postre, versa su actividad.

El ius dicere (decir, aplicar o administrar el derecho) de la Administración siempre es instrumental respecto de sus propios fines concretos; decir el derecho último y tendencial de la Jurisdicción solo es instrumental respecto del Derecho objetivo y de los derechos subjetivos e intereses de los sujetos jurídicos, pero constituye el fin mismo de la jurisdicción.

Ante el llamado desinterés objetivo,  pueden añadirse dos notas más, identificadores de la función jurisdiccional, que, al mismo tiempo, la distinguen de la Administración. Son dos características que no atañen a la materia sobre que se proyecta el quehacer de la Jurisdicción, sino que se refiere a ciertas condiciones básicas de dicho quehacer. Se trata de la “imparcialidad” y de la “independencia”.

 

Diferencia entre, Imparcialidad e Independencia Judicial:

La imparcialidad significa la posición trascendente de la Jurisdicción respecto de los sujetos jurídicos afectados por dicho ejercicio. Con otras palabras: la imparcialidad arguye que, junto a la ordinaria existencia de sujetos jurídicos en posiciones procesales contrapuestas, los órganos jurisdiccionales se encuentran en una posición distinta y neutral.

La independencia consiste en la ausencia de vínculos de dependencia, es decir, en la absoluta soberanía de cada órgano jurisdiccional en el ejercicio de su oficio jurídico de aplicación del Derecho. Al ejercer la jurisdicción, los órganos jurisdiccionales no dependen de nadie y están sujetos únicamente al Derecho mismo. Hay, sí, una ordenación jerárquica de los tribunales, con situaciones de superioridad y de inferioridad, pero esa ordenación no afecta (no debe afectar) al ejercicio (en acto o en potencia) de la jurisdicción por cada uno de los órganos jurisdiccionales, refiriéndose tan solo a aspectos funcionales y administrativos.

Lo que interesa no es la independencia del conjunto de todos los órganos jurisdiccionales, entendidos como Poder; lo que importa es la independencia de cada órgano jurisdiccional en el ejercicio de su oficio y, antes de tal ejercicio, en cuanto pueda afectar a éste. Esta independencia condiciona una recta impartición de la justicia, una tutela y realización del Derecho, que, a su vez, constituye la más alta garantía de la libertad. Y no conviene dejar de advertir que las amenazas contra la independencia con el correspondiente peligro de parcialidad fáctica pueden provenir de, no solo del Poder ejecutivo, de la Administración o del Poder legislativo, sino también del seno de la ordenación jerárquica de los propios órganos jurisdiccionales, es decir del seno de la ordenación jerárquica de los propios órganos jurisdiccionales, es decir, del Poder Judicial, de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, así como de los órganos de gobierno interno de los tribunales.

En los Estados en que la soberanía popular es un axioma básico y se encarna en los órganos legislativos, independencia significa ausencia de responsabilidad política, es decir, inexistencia de vínculos de dependencia respecto del poder legislativo, que no puede aprobar ninguna medida política de reprobación, de remoción o suspensión… respecto de quienes gocen de independencia. El estatuto de independencia es, pues algo radicalmente excepcional en los referidos Estados donde el Ejecutivo y las Administraciones públicas, además de estar sometidas al “imperio de la ley”, son políticamente responsables ante los órganos del legislativo y están sometidas al control político de dichos órganos. La excepcionalidad del estatuto de independencia solo se justifica como garantía del más perfecto ejercicio de la función jurisdiccional, esto es, de la aplicación y realización del Derecho, que se atribuye exclusivamente a ciertos órganos. Independencia significa también responsabilidad exclusivamente jurídica. No hay que extrañarse de que la excepcional independencia solo se comprenda por quienes valoren cabalmente la función jurisdiccional o la función de garantía de la independencia, atribuida en España al CGOJ; y solo resulte aceptable con estas dos condiciones:

1ª Que existan mecanismos eficaces de responsabilidad jurídica.

2ª Que las personas y los órganos encargados de la función jurisdiccional o de su recto ejercicio, siempre se dediquen exclusivamente a ella, sin atribuirse ningún otro papel o cometido social, jurídico o político.

Si los mecanismos de responsabilidad jurídica son deficientes de facto, o si los Tribunales de justicia y el CGPJ, o los Jueces y Magistrados o Vocales del CGPJ en cuanto tales, asumen cualquier papel que no sea el jurisdiccional o el de garantía, abusan del excepcional régimen jurídico-político de independencia (lo que conllevaría una consiguiente irresponsabilidad política), con un abuso radicalmente intolerable.

Frente a estos rasgos de la Jurisdicción, la Administración aparece como objetivamente interesada y la actuación de sus órganos se desarrolla bajo la influencia de las relaciones de dependencia de unos órganos respecto de otros (principios de jerarquía y coordinación, Artículo 103.1 CE). En cuanto a la imparcialidad, a la Administración, obviamente, no puede atribuírsele esa característica en el mismo sentido de la jurisdicción.

Cuando, con apoyo en la objetividad con la que la Administración debe servir los intereses generales (Artículo 103.1 CE) y en la imparcialidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones (Artículo 103.3 CE), se habla de imparcialidad de la Administración, se hace referencia a una deseable cualidad subjetiva del comportamiento de los sujetos integrantes de los órganos administrativos, mucho más que a una característica intrínseca, que no existe, de la organización y de la actividad de la Administración. No quiere esto significar que la Administración, a su arbitrio, pueda alienarse con estos o aquellos administrados cuando, en tantas ocasiones, ha de resolver conforme a Derecho. Lo que se quiere decir es que la posición de la Administración no es intrínsecamente descomprometida respecto de los asuntos de su incumbencia, como lo es, en cambio, la de la Jurisdicción.

Sobre las diferencias entre Jurisdicción y Legislación no parece necesario extenderse aquí. La Legislación supone una ventaja respecto de la Jurisdicción, no solo porque siempre debe ser legal la organización jurisdiccional y la actividad procesal, sino porque, de ordinario, el resultado final de dicha actividad (la sentencia) ha de tener como medida la Ley.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *