España, la estafa energética

El partido radical de ultraizquierda bolivariana PODEMOS, propone nacionalizar grandes empresas del sector energético mediante el uso de la potestad expropiante que tiene la administración. Pero esta propuesta no es viable, ni desde el punto de vista lógico, ni económico y mucho menos desde el punto de vista legal.

En primer lugar decir que en España pagamos una factura de luz desorbitada,  la más cara de Europa. Al igual sucede con la gasolina. España es uno de los países que más caro distribuye el combustible; esto no lo dice el Gobierno o el ministro de Industria José Manuel Soria. Esto lo saben todos los españoles que pagan, cada mes con dificultad su factura de la luz o quienes llenan su depósito de combustible en una gasolinera del territorio nacional.

¿Por qué estamos en esta situación? ¿De dónde venimos?

Es evidente que ya desde tiempos de Zapatero, un gran creyente en un mundo idílico (merecemos recordar la frase digna de un apátrida “la tierra es del viento”), cometió graves errores al apostar por energías renovables de forma económicamente desorbitada. Mientras países serios y responsables con sus ciudadanos como Francia, Alemania o Reino Unido han seguido apostando por energías rentables y de calidad (como la nuclear). El Gobierno de incompetentes del Sr.Zapatero, aconsejado posiblemente por otro analfabeto de la energía como es Felipe González exconsejero de Gas Natural (recordemos que Felipe González estudió derecho, y no sabe sobre energía).

Estos irresponsables, que subvención tras subvención, dilapidada con dinero que no tenían, (mejor dicho dinero que no teníamos) provocó una gran burbuja en los activos de la energía, especialmente en las renovables y las eléctricas (hablamos de empresas tan importantes como ACS, Iberdrola, Acciona, Red Eléctrica, Solaria …). Burbuja que pinchó con la crisis económica durante los últimos años de la legislatura de Zapatero (mientras este decía que estábamos en la “champions league de la economía”. Todo esto provocó, que posteriormente con la llegada del gobierno de  Mariano Rajoy y el ministro Soria, hubiese que pagar las facturas que había en el cajón. Al ministro Soria no se le ocurrió otra brillante idea que la de pasar el déficit de tarifa al bolsillo del consumidor, déficit que incluye toda la deuda acumulada + las primas deficitarias a las renovables. El consumidor, ha visto como su factura se ha doblado respecto al inicio de la crisis económica. ¿Es justo que los ciudadanos paguen los errores de los políticos? ¿Cuándo van a asumir su responsabilidad?.

¿Hacia dónde vamos?

El año pasado José Manuel Soria liberalizó el mercado, dejando rienda suelta a los especuladores de la electricidad, que añadido a los impuestos, tenemos como resultado una factura inasumible. Estamos asumiendo con dinero público las pérdidas de muchas empresas por malas inversiones, gestión deficiente por parte de los políticos provenientes de las puertas giratorias de los gobiernos pasados, errores como la planta del castor, las renovables de Iberdrola. Los sueldos desorbitados de los directivos, como el sueldo de Ignacio Sánchez Galán presidente de Iberdrola (9,12M€)…

Las expropiaciones que propone Podemos, desde el punto de vista legal y económico son inasumibles, ya que legalmente la administración expropiante debe indemnizar a los perjudicados.  Viendo el valor del mercado de estas empresas sería totalmente inviable realizar una expropiación, ya que el justiprecio que se debería pagar sería desorbitado y sólo podría hacerse mediante la confiscación, es decir, sin pagar un solo euro. Por otro lado, de llevarse a cabo estas propuestas de Podemos, España sería gravemente sancionada por la Comisión Europea al constituir un monopolio energético estatal, cosa que las leyes europeas de competencia no permiten. No obstante, es evidente que el Estado debe tener por pura utilidad pública o interés social, participaciones mayoritarias en las principales empresas energéticas españolas, ya que España es un país dependiente energéticamente, importamos combustible medio mundo, gas de Argelia y energía eléctrica de Francia.

¿Qué deberíamos hacer?

El Gobierno español y los gobiernos venideros deberían asumir el fracaso del modelo energético neoliberal, que perjudica en primer lugar a los ciudadanos y consumidores, haciéndolo insostenible. En segundo lugar, el modelo actual condena al país a ser dependientes del exterior, por ello España debe procurar abastecerse por cuenta propia en materia energética. El Gobierno español debe tomar participación en las empresas de interés estratégico. No podemos permitir sucesos como el desmantelamiento de Endesa por parte de la italiana ENEL. Eso sí, se debe hacer de tal modo que estás empresas no pierdan su competitividad, el Estado sólo debería entrar en el accionariado mayoritario (51%) de estas compañías (como se hizo en Argentina con YPF), pero de ningún modo convertirlas en 100% estatales.  Países como Francia o Argentina han hecho lo mismo (como en el proyecto de expropiación de YPF por causa de interés y utilidad pública) y están consiguiendo un modelo eficiente y justo. Lo verdaderamente importante es alcanzar el equilibrio entre Estado y empresas, un exceso del poder de las empresas nos lleva a subidas de precios, precios pactados o la manipulación del mercado; por otro lado, un exceso de Estado nos lleva a falta de competitividad, a la corrupción (cómo el caso Petrobras en Brasil) o incremento de la deuda pública. Por ello creemos que el modelo debe ser mixto, debe ser equilibrado, debe ser estable en el largo plazo, pero sobretodo debe ser justo.

Los consumidores no deben sufrir los altibajos de los precios, deben permanecer estables. Los precios deben estar vinculados al verdadero coste de producción, no a la especulación, deben estar exentos de carga impositiva para los más desfavorecidos. Los impuestos de la engería deben ser progresivos, todo ello intentando no lastrar la competitividad, y evitar promover la ineficiencia. Por estas razones nos decantamos por un modelo mixto de intervencionismo estatal. Este modelo consistiría en una colaboración entre empresas y Estado para crear un modelo sostenible a largo plazo, que asegure el abastecimiento bajo cualquier circunstancia. Por último, definir lo que queremos decir con intervencionismo estatal: esto no significa colocar a políticos en los Consejos de Administración, sino que todos ciudadanos sean accionistas por derecho de las empresas estatales de la energía. Dirigidas por profesionales, los recursos del estado deben ser administrados correctamente. Las mayores empresas de la energía están controladas por los propios estados, ¿por qué en España tenemos que soportar que las empresas de la energía no atiendan al interés general?, la energía ya no es estratégica, si no vital.

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