ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD: SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN, SUSTITUCIÓN Y LIBERTAD CONDICIONAL

Es evidente el fracaso de las penas privativas de libertad, al quedar demostrado que las mismas no retribuyen con justicia (ni siquiera al mismo sentido de la propia palabra de justicia). Ni cumplen con la finalidad de prevención especial que pretende asignárseles. Las cárceles no educan ni preparan al individuo para su reinserción social (muchas veces las penas llegan tarde o a destiempo, en delitos leves una persona puede estar ya reinsertada cuando le imponen la pena agravando aún más las cosas), constituyéndose en la realidad en verdaderas escuelas de delito, en donde proliferan graves males como la caída en la droga o el desánimo.

La condena a una pena privativa de libertad produce en el individuo una fuerte estigmatización  que  opera limitando o condiciona su reinserción social y laboral. De ahí entonces, que ante este panorama y el convencimiento acerca de la nocividad de la pena privativa de libertad para delitos menores o no graves, se haya pensado en una gama de medidas alternativas, que no tengan tan fuerte  impacto negativo sobre el individuo, tales como la suspensión del juicio a prueba, medios electrónicos de control penal, prohibición de concurrencia, prisión de fin de semana, multa reparatoria, (una segunda oportunidad de empezar) entre otras. Propondría 5 medidas para los delitos menos grave con condenas inferiores a 4 años (incluyendo algunos delitos como los económicos)

1-Permitir al individuo permanecer en sociedad con su familia, no perder su trabajo y reparar el daño (según el caso); 2-No utilizar la cárcel salvo en los casos estrictamente necesarios, y en consecuencia se evita el hacinamiento en la misma, y los gastos al Estado para su mantenimiento; 3-Cambiar la imagen que tiene la sociedad sobre los que infringen normas penales, cualquier persona por un simple descuido al volante puede convertirse en infractor de normas penales!!. En muchos casos los infractores penales no son forzosamente individuos «negativos» sino recuperables socialmente; 4-Impedir el aislamiento producido en la prisión y permitir al infractor continuar con su vida familiar y poner todos los medios para favorecer la vida entre cónyuges en prisión;  5- Evitar la negativa estigmatización social que importa el paso por una cárcel (antecedentes, rechazo social) y evitar que constituya una causa de discriminación laboral o limitación de derechos, así como mantener su presunción de inocencia siempre y cuando no se demuestre lo contrario.

Privación de libertad y alternativas

La pena privativa de libertad ha sido durante mucho tiempo la pena por excelencia («junto a la pena de muerte» desterrada por la CE en su art 15) , es decir, era la que se aplicaba con mayor frecuencia antaño, su finalidad era el internamiento («ya fuera útil o inútil»). Con la pena privativa de libertad, con su intimidación se pretende causar, no depende de la gravedad de la pena , si no de la eficacia en la persecución  de los delitos , ya que , el delincuente confía en no ser aprehendido , con lo cual le da igual que le amenacen con cinco años que con diez. La ejecución de la pena privativa de libertad nos conduce al problema de la cárcel («Universidad del crimen») , un lugar no apropiado para la reinserción y que además propicia la reincidencia como demuestran las estadísticas penitenciarias. Por todas estas razones, hay que buscar alternativas a la ejecución de la pena privativa de libertad , que dejen mayor margen de libertad, favoreciendo la reeducación durante el internamiento, ya que sólo la actividad relativamente libre del condenado ofrece esperanza de servir para su recuperación , como son los establecimientos abiertos o semi-abiertos que permiten al penado trabajar fuera del mismo , favoreciendo su reinserción en la sociedad (me gustaría ver a todos los que recriminan mayor dureza en las penas verse aunque sólo sea detenido el máximo legal de 72 Horas , para que recapaciten y piensen en lo que significa arrebatar de su libertad a una persona).

Ejecución de la Pena de prisión y los Sustitutivos

En algunos casos la pena privativa de libertad plantea inconvenientes por no ser adecuada, con su sustitución a modos alternativos de ejecución teniendo como objetivo reducir la reincidencia  (de modo similar a los sistemas penales europeos). Estos modos son la suspensión condicional de la pena privativa de libertad (arts.80 y ss. CP) o la libertad condicional (arts.90 y ss. CP) así como la sustitución de penas privativas de libertad arts.88 y ss. CP).

Suspensión de la Pena

El CP español, dentro del capítulo dedicado a las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional, dedica su Sección primera a la suspensión de las penas privativas de libertad (arts 80 al 87 CP) . En el Derecho Penal español la expresión sustitutivos penales se entiende como alternativa a la ejecución de la pena privativa de libertad de corta duración (las que el ingreso por un breve tiempo en prisión no permiten la realización de ninguna de las supuestas tareas educadoras y, en cambio, tiene todos los inconvenientes de la cárcel, el contacto criminógeno por una parte y por otra la estigmatización social como ex-recluso).

Hay que destacar los perniciosos efectos de las penas privativas de libertad de duración corta. Sus efectos desocializadores e, incluso, criminógenos sobre el delincuente exigían el establecimiento de medidas alternativas a las penas cortas privativas de libertad. En nuestro Código Penal hay dos instituciones, la de suspensión y la sustitución de las penas privativas de libertad, claramente orientadas a evitar el ingreso en prisión del sujeto, si se cumplen las condiciones exigidas para su aplicación. Se constituye por tanto, aunque no recogido expresamente en la CE un derecho subjetivo a la resocialización (SSTC 19/1988 y 209/1993).

 

La suspensión de las penas privativas de libertad vienen reguladas en los arts 80 al 87 del CP.

Art 80.1 CP: Los jueces o tribunales  podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada.

Su fundamento se sostiene en varios criterios y requisitos, entre ellos la peligrosidad del criminal, que el condenado haya delinquido por primera vez (81.1 CP), que la pena no sea superior a dos años (81.2 CP) a que el reo no delinca en el plazo fijado por el juez (83.1 CP) así como las situación personal del reo.

El régimen jurídico básico de la suspensión es el siguiente:

·         Contenido: Pueden suspenderse en principio todas las penas privativas de libertad, lo que en teoría incluye a las penas de prisión, localización permanente y responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Desde luego la suspensión de la pena no incluye a la responsabilidad civil (Art 80.3º).

·         Plazo de suspensión: El plazo de duración de la suspensión se mantiene durante un lapso de tiempo que puede ir desde tres meses a cinco años. Condición esencial para  su mantenimiento es que el sujeto no vuelva a delinquir durante ese período. Pasado el tiempo se suspensión fijado por el Juez, si el sujeto no ha cometido ningún delito, la condena de prisión inicial se considera definitivamente extinguida. Si, por el contrario, vuelve a delinquir la pena suspendida pasará a ser ejecutada  .El plazo de suspensión, la duración por la cual la condena estará suspendida, el art 80.2 dice que serán entre 2 y 5 años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años y de tres meses a un año para las penas de carácter leve.  Criterios legales orientativos: circunstancias personales del delincuente, las características del hecho y la duración de la pena.

·         Competencia: corresponde al Juez sentenciador que mediante el auto acordará o denegará a la mayor urgencia de manera motivada (art 82.CP). Las características esenciales de esta institución es la gran discrecionalidad judicial que rodea su concesión.  El juez tiene libertad en cuanto a la decisión de conceder la suspensión, puede concederla o no aunque se cumplan los requisitos del CP para ello, pero nunca al contrario («No favorable al reo») , si no se cumplen los mínimos exigidos por la ley; el juez goza de autonomía en la elección del tiempo de duración y la imposición de condiciones. Estaríamos por tanto ante un supuesto de arbitrio limitado, el criterio debe ajustarse a los criterios del legislador para guiar al juez. Son varios: La peligrosidad del criminal, la probabilidad de que vuelva a cometer delitos en el futuro. En la práctica la suspensión se concede de forma automática cuando se cumplen los requisitos legales.

·         Requisitos: recogidos en el art 81 del CP;

a) El condenado debe de haber delinquido por primera vez (no puede ser reincidente), no se tienen en cuenta los delitos imprudentes ni antecedentes penales cancelados, sólo se considera que ha delinquido al que ha sido condenado por sentencia firme.

b) La condena impuesta no sea superior a dos años de privación de libertad. Incluye tanto la pena única no superior a dos años. Es indiferente que esa suma proceda de penas impuestas en el mismo procedimiento como si han sido impuestas en el mismo procedimiento como si han sido en diferentes procesos (arts 20.1º y 81.1º CP)

c)Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles derivadas del delito a menos que el Juez o Tribunal declare la absoluta imposibilidad de que el sujeto hiciera frente a las mismas , esto es , que sea declarado insolvente.

 

Dos Excepciones: El código prevé dos supuestos excepcionales en los que la suspensión podrá concederse a pesar del incumplimiento de los requisitos generales establecidos para su concesión. Estos se regulan en el artículo 80.4 y 87 del CP.

 

1-Condenados por enfermedad muy Grave, los Jueces y Tribunales sentenciadores pueden otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo (art.80.4º CP)

 

2-Toxicómanos (art 87. CP) cuando no concurran las condiciones 1ª y 2ª previstas en el art 81 , el Juez o Tribunal con audiencia de las partes , podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el número 2º del art 20, cuando se certifiquen de manera suficiente por un centro o servicio público o privado acreditado , que el condenado se encuentra habituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión. La LO 15/2003 ha elevado a cinco años las penas susceptibles de suspensión y ha eliminado la exigencia de no ser reo habitual.

 

El resto del régimen de la suspensión para reos toxicómanos se resume en tres aspectos: si es reincidente, la decisión corresponde al Juez o Tribunal, atendiendo a las circunstancias del hecho y del autor. Las condiciones de la suspensión son: no delinquir durante el plazo de suspensión, seguir el tratamiento de deshabituación y el cumplimiento de las reglas o condiciones impuestas. En este supuesto excepcional del art 87 CP el plazo de suspensión debe ser de tres a cinco años (art 87.3). Las condiciones exigidas para el mantenimiento de la suspensión se prevén en el art 83 CP.

 

 

·         Condiciones de la suspensión: Durante los plazos de suspensión, que dependen de sí son penas leves (la suspensión puede durar de tres meses a un año); y tratándose de penas privativas de libertad que no sean superiores a dos años la duración de la misma puede ir de 2 a 5 años (art 80.2), el juez o tribunal puede imponer ciertas condiciones.  Hay una condición legalmente exigida siempre: La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el plazo fijado por el Juez o Tribunal conforme al artículo 80.2 CP. En el caso de que la pena suspendida fuese de prisión, el Juez o Tribunal sentenciador , si lo estima necesario , podrá también condicionar esta suspensión al cumplimiento de obligaciones que le haya fijado de entre las siguientes (art 83.1º CP):

1-Prohibición de acudir a determinados lugares.

2-Prohibición de acercarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, o de comunicarse con ellos.

3-Phohibición de ausentarse sin autorización del Juez del lugar donde resida.

4-Comparecer personalmente ante el Juzgado que este señalado para informar de sus actividades y justificarlas.

5-Participar en programas formativos ,laborales, culturales , de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente..

6-Cumplir con los deberes que el Juez estime para la rehabilitación del penado cuando no atenten contra la dignidad de este.

 

En los casos de violencia de género se condiciona la suspensión al cumplimiento de las dos primeras.

 

·         Consecuencias del quebrantamiento de las condiciones de suspensión, las consecuencias del incumplimiento varían dependiendo del deber que haya sido quebrantado.

En primer lugar, si el sujeto vuelve a delinquir durante el plazo se su suspensión, la inmediata consecuencia es que se revoca la suspensión de la condena, se ordena el cumplimiento de la pena suspendida ( ha de ingresar en prisión) y se inscriben los antecedentes en el registro. Se trata de una consecuencia obligatoria, que no admite excepción (art 84.1º CP).

En segundo lugar , el incumplimiento de las obligaciones o deberes de conducta impuestos por el juzgador , presenta un régimen más flexible , pues la consecuencia no es la revolución inmediata de la suspensión . En estos casos el juez puede decretar tres diferentes escenarios: 1-Sustituir la regla de la conducta por otra; 2- Prorrogar el plazo de suspensión, no puede exceder de 5 años; 3- si ha sido un incumplimiento reiterado , puede revocar la suspensión de la condena.

 

Sustitución de la Pena

Regulada en nuestro código Penal en los artículos 88 y 99. El 88 establece el régimen general de sustitución y el 89 un supuesto especial para los extranjeros. La sustitución consiste en cambiar una pena de prisión de corta duración por otra pena distinta carente de efectos desocializadores. En España durante la década de los 90, las penas sustitutivas eran  el arresto de fin de semana o multa. Ya entrado el año 2000 la pena de multa sólo operaba la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (Destacar el retraso de la imposición de esta entre el hecho delictivo, carente de sentido y eficacia real). Diferencia entre penas sustituidas y penas sustitutivas. En el CP, la pena de prisión puede ser sustituida por la de multa o trabajo en beneficio social. La sustitución solo opera cuando estamos ante penas inferiores a un año de privación de libertad. Existe un criterio orientador de la sustitución, las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho , su conducta y concretamente su esfuerzo para reparar el daño caudado a las víctimas.

El código permite que se puedan sustituir penas de prisión de hasta dos años, cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de las penas podría frustrar los fines preventivos y de reinserción social. Se exige que el reo no sea habitual, ya que si no carecería de sentido. Su régimen jurídico; el juez que dicta la sentencia son los que podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia o con un auto posterior motivado, antes de dar inicio a su ejecución de las penas de prisión. Hay un régimen ordinario y otro especial.

La suspensión debe cumplir unos criterios de conversión, cada día de prisión será sustituido por dos cuotas de multa; por una jornada de trabajo social; o, por un día de localización permanente (LO 5/2010). El momento de la sustitución tiene que hacerse antes de que se ejecute la pena, en la misma sentencia o después en el auto motivado. Una vez ha comenzado el cumplimiento de la pena de prisión no se puede interrumpir, sustituyéndola por multa o trabajos sociales. Su incumplimiento se ordenará la ejecución y cumplimiento inmediato de la pena inicialmente impuesta, descontando la parte ya cumplida  en el caso de incumplimiento parcial. En ningún caso se podrán sustituir penas que sean sustitutivas de otras. Se prohíbe que las penas sustitutivas puedan ser a su vez sustituidas.

 

Libertad Condicional

Regulada en los arts.90, 91, 92 y 93 del CP.

El último grado del sistema penitenciario se halla constituido por la libertad condicional, regulada de forma dispersa en nuestro  ordenamiento.  Su ordenación esta en el CP y en la LOGP, en el RP, la LO 7/2003 y en la LO 15/2003. Se trata de una forma de cumplir la condena, trata de evitar la desocialización del condenado  y permitir que cumpla en libertad el tiempo restante de condena, siempre sometido a control y vigilancia de la Administración Penitenciaria, bajo tutela del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

a) Requisitos para su concesión, se prevén en el art 90, para su concesión el sujeto ha de estar en el tercer grado del tratamiento penitenciario, en un establecimiento de régimen abierto. Supone una garantía de que el interno no va a cometer un nuevo delito, por cuanto el tercer grado se ha concedido después de la observación de su evolución, que ha resultado favorable. La exigencia del tercer grado excluye la posibilidad de obtener la libertad condicional en relación con los presos meramente preventivos, que no son clasificados en grado al no encontrarse todavía en fase de cumplimiento de la condena. Está condicionada al previo cumplimiento de las 3/4 partes de la condena. Debe de haber tenido el sujeto una conducta buena y debe existir un pronóstico individualizado favorable de reinserción social, estos informes deben ser elaborados por un centro, un equipo técnico penitenciario. No se tienen en cuenta estos criterios si el sujeto no ha satisfecho su responsabilidad civil subsidiaria.

b) Procedimiento para su otorgamiento, si se cumplen los requisitos anteriormente descritos, la Junta de tratamiento del centro penitenciario está obligada a proponer al Juez la concesión de la libertad condicional. Una vez tramitada, se procederá al encarcelamiento y al seguimiento y vigilancia.

c) Condiciones a que se somete y consecuencias de su incumplimiento, el disfrute del beneficio de la libertad condicional, está condicionado como su propio nombre indica a que no se delinca durante el tiempo que quede de condena. Si el condenado delinque durante ese periodo, el Juez de Vigilancia Penitenciaria revocará el beneficio y ordenará el reingreso en prisión para que se cumpla el período de condena restante, computándose el  tiempo que ha pasado en libertad condicional (art 39 CP). Se excepcionan los condenados por delitos de terrorismo, que entre otras diferencias con el régimen común, el incumplimiento conlleva el reingreso en prisión con la pérdida del tiempo pasado en libertad condicional, teniendo que cumplir la condena completa.

d) Supuestos excepcionales previstos en el CP, el art 91 del CP establece un régimen excepcional por el desempeño continuado de actividades laborales o culturales. Siempre que no se trate de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales , excepcionalmente , cumplidas las circunstancias  a y c del apartado 1 del art 90 (tercer grado y buena conducta) , el Juez  de Vigilancia Penitenciaria puede conceder la libertad condicional a los sentenciados a penas privativas de libertad que hayan extinguido las dos terceras partes de su condena , siempre que merezcan dicho beneficio por haber desarrollado continuadamente actividades laborales , culturales u ocupacionales . Se precisa informes del ministerio público, instituciones penitenciarias y demás partes procesales.

La reforma LO 7/2003 añadió un segundo apartado, que manteniendo los citados duchos informes, el cumplimiento de las condiciones a) y c) del apartado primero del art 90 CP , y que haya extinguido la mitad de la condena permite al Juez de Vigilancia Penitenciaria adelantar la concesión de la libertad condicional hasta un máximo de 90 días por cada año trascurrido de cumplimiento efectivo , siempre que no se trate de delitos de terrorismo.

La segunda excepción se contiene en el art 92 CP. Los sentenciados que hubieran cumplido la edad de setenta años o la cumplan durante la extinción de la condena y reúnan los requisitos establecidos, excepto el haber extinguido las 3/4 partes de la condena o en su caso las 2/3 partes podrán optar a obtener la concesión de la libertad condicional. El mismo criterio se aplicará cuando, según informe médico, se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables.

Los casos previstos en el art 92 CP se justifican por razones humanitarias y por consideraciones preventivo especiales ya que tanto el supuesto de ancianos como el de los enfermos incurables el nivel de peligrosidad es ciertamente escaso.

Hay un supuesto de limitación de la libertad condicional y de los beneficios penitenciarios en caso de condenas de larga duración, previsto en el artículo 78 CP. Su estudio fue abordado en el tema anterior, razón por la cual a él nos remitimos para el análisis de su problemática. A este respecto , únicamente queremos señalar que la aplicación de la limitación establecida en el artículo 78 CP no es siempre obligatoria , previendo el propio código la posibilidad de aplicar el régimen general de cumplimiento salvo en los casos de delitos muy graves . De cualquier forma , conviene tener presente que si el Juez acordara la aplicación del régimen excepcional del art 78 , cabe la revocación del acuerdo cuando el Juez de Vigilancia Penitenciaria , valorando , en su caso , las circunstancias personales del reo, la evolución del tratamiento , oído el Ministerio Fiscal , la aplicación del régimen general de cumplimiento (artículo 78.3ºCP).

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